La transición energética, impulsada por la urgencia de la descarbonización, ha estado en el centro de los debates mundiales sobre el clima. Este debate tiene lugar en varios frentes -político, económico, social y técnico- e implica a múltiples actores: gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, comunidades y sociedad civil.
Considerada esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, la transición energética implica la sustitución de las fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas) por fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa), así como inversiones en eficiencia energética, electrificación y nuevas tecnologías (como el hidrógeno verde y las baterías de larga duración), con vistas a limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Sin embargo, bajo la superficie de las soluciones tecnológicas y los objetivos de neutralidad de carbono, emerge una cuestión fundamental: quién se beneficia de esta transición - y quién abandonado? Se trata de una cuestión estratégica y ética que debe situarse en el centro de las políticas públicas y de los proyectos de infraestructuras energéticas.
La paradoja de la sostenibilidad: verde pero desigual
Aunque la sustitución de combustibles fósiles por renovables es vital para mitigar el cambio climático, la forma en que se ha llevado a cabo esta transición suscita serias preocupaciones. Parques eólicos, plantas solares, presas hidroeléctricas "bajas en carbono" y otras infraestructuras verdes se han expandido a gran velocidad, a menudo en territorios vulnerables: zonas indígenas, quilombolas, periferias urbanas o zonas rurales marginales, o poblaciones tradicionales. En estos lugares, los grandes proyectos se ejecutan sin apenas escuchar a las comunidades afectadas, reproduciendo lógicas de expropiación e invisibilización históricamente asociadas al extractivismo, en las que los beneficios se exportan mientras los impactos permanecen.
Al priorizar los objetivos técnicos y de mercado de una "transición limpia" sin tener en cuenta las dimensiones sociales y territoriales, se corre el riesgo de construir una transición verde en el discurso pero injusta en la práctica, generando una nueva capa de exclusión: exclusión social ecológica.
Racismo medioambiental e injusticia energética
Este proceso ha sido analizado por autores del ámbito de la justicia medioambiental como una manifestación contemporánea de la racismo medioambientalLas comunidades históricamente marginadas se ven empujadas de nuevo a zonas de sacrificio, ahora en nombre de la sostenibilidad. Al mismo tiempo, los beneficios de la energía limpia -como un acceso fiable, tarifas reducidas o reparto de beneficios- rara vez llegan a las poblaciones locales.
Esto revela un panorama de injusticia energética, en el que el derecho a las energías renovables no se trata como un bien común, sino como una mercancía concentrada en manos de grandes empresas. La lógica de la "transición de arriba abajo" corre el riesgo de perpetuar las desigualdades estructurales en lugar de atajarlas.
La urgencia de una transición energética justa
Para evitar que la transición energética se convierta en una nueva forma de colonialismo verde, es esencial adoptar principios de justicia socioambientalEsto significa reconocer e incluir a las comunidades afectadas como protagonistas de las decisiones energéticas. Esto significa
- Consulta previa, libre e informadacomo establece el Convenio 169 de la OIT.
- Modelos de generación de energía descentralizados y comunitariosEl nuevo programa energético, que valora los conocimientos locales y fomenta la autonomía energética.
- Redistribución de las prestaciones de transicióncon reinversión en sanidad, educación e infraestructuras locales.
- Reconocimiento de los territorios y ecosistemas tradicionales como sujetos de derechoy no sólo como "zonas viables" para ejecutar proyectos.
La transición como oportunidad o amenaza
La transición energética es un ventana histórica repensar no sólo la matriz energética, sino los fundamentos mismos del desarrollo, la propiedad y el bienestar. Si se lleva a cabo de forma crítica, participativa y territorializada, puede ser una palanca para la justicia climática. Pero si mantiene el actual modelo concentrador y tecnocrático, corre el riesgo de convertirse en un capítulo más de la larga historia de exclusión socioambiental de las periferias del mundo.
La pregunta que debe guiarnos es: ¿transición para quién y con quién?
Fuentes:
MAB - Movimiento de Personas Afectadas por las Presas y el Instituto Polis
https://mab.org.br/
GUDYNAS, Eduardo. ExtractivismosPolítica, economía y ecología. Winnipeg: Fernwood Publishing, 2021.
GUERRERO, Andrés. Geopolítica de la transformación energética global y dinámicas territoriales de la transición energética en América del Sur. Sociedad y naturaleza, v. 32, n. 2, p. 1-29, 2020.
PACHECO, Tânia; RED BRASILEÑA DE JUSTICIA AMBIENTAL. Racismo ambiental: voces, percepciones e iniciativas de Brasil. Río de Janeiro: Fundación Heinrich Böll, 2010.
SASSEN, Saskia. Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía mundial. Cambridge, MA: Belknap Press, 2014.
