El reto de la COP30 es consolidar pactos intersectoriales capaces de transformar los territorios.
La celebración de la COP30 en Belém do Pará sitúa a Brasil en una posición estratégica en la gobernanza mundial del clima. Al tener lugar en la Amazonia, la conferencia carga con la responsabilidad de traducir los compromisos multilaterales en acciones concretas. El reto es no repetir la lógica de las promesas mal ejecutadas, sino consolidar acuerdos institucionales capaces de generar legados reales para los territorios y las poblaciones, especialmente los más afectados por la crisis climática.
Mi investigación en políticas públicas ha demostrado que la inversión social privada (ISP) puede desempeñar un papel importante en este proceso cuando se articula con las políticas públicas y el fortalecimiento comunitario. La ISP ha recorrido un camino que va de la filantropía asistencialista a la alineación estratégica con las agendas ESG y de desarrollo territorial. Esta evolución ha abierto espacio para nuevas formas de acción, pero también ha demostrado que las iniciativas aisladas sin gobernanza local tienen poco potencial de transformación.
La COP30 es una oportunidad para demostrar que es posible superar esta fragmentación. Para ello, será necesario coordinar a gobiernos, empresas y sociedad civil en torno a acuerdos intersectoriales y planes a largo plazo. ISP puede desempeñar un papel protagonista en este proceso participando en coaliciones que unan la justicia climática y el desarrollo territorial, generando resultados que trasciendan los proyectos puntuales.
Prácticas como el Urbanismo Social ya demuestran que es posible integrar la inversión pública y privada en infraestructuras y servicios, combinada con la participación comunitaria para transformar los territorios. Cuando se guía por este enfoque, el ISP genera impacto local y amplía la influencia política, ayudando a diseñar ciudades y comunidades más resilientes. En este ámbito, Diagonal actúa como articulador de estos pactos, ofreciendo, a través de su consultoría de desarrollo territorial para empresas y su trabajo directo con comunidades vulnerables afectadas por riesgos climáticos, herramientas concretas para hacer frente a las desigualdades y metodologías que fortalecen la gobernanza local.
En este sentido, la COP30 puede ser un catalizador de nuevos pactos intersectoriales. El riesgo de limitarnos a un escaparate de intenciones es real, pero tenemos la oportunidad de liderar un ciclo de transformaciones positivas, no sólo hablando, sino dando ejemplo de cómo articular sociedad civil, sector privado y poderes públicos en torno a legados sociales y medioambientales permanentes.
